Las listas que le disputan el liderazgo al oficialismo en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal presentaron un amparo ante la Justicia para impedir que las elecciones se realicen en sedes del sindicato de panaderos del conurbano bonaerense. Advirtieron que de este modo se impide una adecuada fiscalización.

“Esta situación altera la libre expresión del sufragio y constituye una puerta abierta a un hipotético escenario de fraude”, dijeron los letrados.

El reclamo realizado ante la jueza María Servini corrió por cuenta de Raúl Aguirre Saravia e Inés Arias, de la Agrupación Será Justicia; Diego Dedeu, de Cambio Pluralista; Pablo Clusellas de la agrupación Abogados de la Ciudad; y Nahuel Altieri de la agrupación Abogados del Fuero. Estas son algunas de las 13 agrupaciones que conforman el frente denominado Unidad en Defensa de la Abogacía, que lleva a Ricardo Gil Lavedra como candidato a presidente del Colegio.

El candidato del oficialismo a presidente del Colegio, Jorge Rizzo, de Gente de Derecho, defendió en diálogo con LA NACION la utilización de instalaciones del sindicato de panaderos para votar: dijo que lo que se pretende es ampliar los lugares de votación para que haya más abogados que puedan participar. Señaló que muchos letrados con matrícula en la Ciudad viven en la provincia y cada vez se trasladan menos a la Capital, dado que pueden hacer presentaciones on line y tener audiencias virtuales.

“Queremos que las elecciones sean lo más transparentes posibles, que no haya posibilidad de fraude y nos preocupa que en caso de algún conflicto la Justicia electoral no sea una sola. Tendríamos que ir a reclamar por las mesas de la Capital Federal a la jueza María Servini y a Alejo Ramos Padilla por las mesas de la provincia. Nunca se vio que los abogados tengamos que votar en sindicatos, cuando tenemos un colegio amplio, la Facultad de Derecho o el Centro Cultural San Martín”, dijo Aguirre Saravia a LA NACION.

Las agrupaciones opositoras, denunciaron que las elecciones convocadas para el 26, 27 y 28 de abril, que se realizarán en “en muchos lugares ubicados fuera de la ciudad de Buenos Aires”, son “arbitrarias e ilegítimas”.

Los amparistas denunciaron que, primero, la mayoría del Colegio fijó elecciones en colegios de abogados de provincia y en cárceles federales. Que luego se dieron de baja a las cárceles y, posteriormente, se cambió los colegios de abogados de la provincia por otros locales, como un salón de fiestas en Morón y el Sindicato de Panaderos en sus sedes de La Matanza, San Isidro, San Martín, Lomas de Zamora, Avellaneda y Quilmes.

Los abogados dijeron que hay un “manejo despótico” del Colegio porque se prorrogaron los mandatos desde 2020 sin realizar elecciones con la excusa de la pandemia. Argumentaron además que el Colegio Público de Abogados de la Ciudad no tiene facultades para organizar elecciones en la provincia.

Advirtieron que esta multiplicidad de mesas dificulta la fiscalización. “Esta decisión irrazonable, a partir de la cual se establecen locales de votación en otra jurisdicción, atenta en forma decisiva contra la transparencia e integridad del proceso electoral”, escribieron.

Los amparistas advirtieron que “es evidente que la maniobra pergeñada por las actuales autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, traducida en sustraer del ámbito de la ciudad de Buenos Aires la sede en la que deben realizarse los comicios, no tiene otro objeto que atentar contra las garantías de los electores, con toda intención de manipular las mesas de votación e influir en el resultado de las elecciones”. Y remarcaron que la decisión es “una verdadera puerta abierta para el fraude”.