A ocho meses de haber asumido el cargo y después de haber evitado dos veces su destitución, el presidente peruano, Pedro Castillo, decretó intempestivamente el toque de queda y el estado de emergencia en Lima y en el puerto del Callao como consecuencia de las protestas de los agricultores y la Unión Nacional de Transportistas y la Confederación Nacional de Transportistas ante el aumento en el precio de los combustibles.

La presión opositora en favor de la suspensión de la medida y la violencia que se desató durante horas en las calles de Lima fueron de tal magnitud que el jefe del Estado optó por anularla pocas horas después de que entrara en vigor. Pese a que los servicios de inteligencia advirtieron a Castillo que debía solucionar los reclamos de los camioneros para evitar estallidos de violencia social, el presidente ignoró la advertencia y ahora son los sectores populares que le dieron el triunfo electoral los que piden su renuncia.

El último informe de la Defensoría del Pueblo al 10 de marzo de este año reportó 103 conflictos sociales, que crecieron debido al alza de los combustibles y los principales alimentos. Castillo no solo no ofrece respuestas eficaces a la crisis económica, sino que, con sus improvisadas medidas, solo alienta el malestar social y promueve lamentables hechos que ya han dejado muertos y heridos.

En medio de la crisis desatada en Perú, la calificadora de riesgo Moody’s ha manifestado su preocupación por la estabilidad del actual gobierno. En su pronunciamiento, la referida agencia notó algunos rasgos que van en detrimento del desempeño de Castillo, advirtiendo su inexperiencia e incapacidad para hacer frente a los retos que plantea la gestión.

Castillo es criticado por su descuido en nombrar funcionarios claves y tiene tres investigaciones congeladas por presunta corrupción. En el corto lapso de su gestión ha modificado cuatro veces su gabinete. Además, llegó al gobierno sin ninguna experiencia política ni administrativa previa, lo que se nota en una gestión que se muestra a la deriva con notoria falta de competencia en las tareas de gobierno.

A lo largo de los ocho meses que lleva Castillo en el poder, son cada vez más los sectores políticos que piden su renuncia a la presidencia de Perú. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), más del 80% de los ciudadanos cree que la única salida de la crisis es la convocatoria a nuevas elecciones. No resulta para menos: el 68% desaprueba al presidente Castillo y el 80% tiene similar postura hacia el Congreso.

Parecería evidente que el clamor en la calle es que se vayan todos, por lo que es de esperar que se imponga un equilibrio entre el gobierno de Castillo y el Congreso, que contribuya a reducir la irritación social y tienda puentes que permitan garantizar la institucionalidad.