La Justicia de Salta cuantificó el volumen de dinero que llegó a mover una financiera ilegal que operaba en la capital y en el sur de Salta, y que, según se investiga, estafó a más de 1700 ahorristas con un esquema tipo Ponzi: 2219 millones de pesos y más de 3 millones de dólares. Hasta el momento, en el caso hay 21 implicados, de los cuales 15 están detenidos y nueve son policías provinciales, algunos de los cuales actuaban como captadores de nuevos inversores. Se sospecha que hay miles de damnificados, a los que seducían con tasas de retorno de la inversión cercanas al 100%.

“La financiera ilegal, conocida con el nombre Ríos & Asociados, comenzó a operar en junio de 2021, en Metán, y luego abrió una sede en la capital de Salta”, reveló la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.

“Desde el inicio movió, aproximadamente, un capital de 2219 millones de pesos y 3.265.280 dólares”, expresó la fiscal. Luego, precisó que en 26 allanamientos realizados en el marco de la investigación que encabeza fueron secuestrados 23.213.960 pesos y 60.388 dólares, 12 automóviles, 7 camionetas y 2 motocicletas, cédulas verdes y parcelarias, teléfonos celulares y bienes muebles recientemente adquiridos.

Además, como resultado de los procedimientos, fueron secuestrados 4529 contratos -o carpetas, como eran denominadas-, mientras que se estableció que 1739 personas habrían concurrido a la financiera como inversores.

La fiscal destacó que el número de carpetas o inversores puede variar, ya que lo informado corresponde solo a lo recuperado durante los allanamientos.

En cuanto a las personas implicadas, Salinas Odorisio comunicó que son 21, de los cuales 15 se encuentran detenidos y 9 son miembros de la Policía de la Provincia –dos comisarios, dos oficiales principales, un cabo y cuatro suboficiales-, mientras que un hombre y una mujer permanecen prófugos.

Por otra parte, Salinas Odorisio apuntó que la UDEC trabaja, a partir de la documentación secuestrada, en la definición de los roles y en la determinación de la cantidad de damnificados o víctimas.

Hasta el momento se pudo establecer que la organizadora de la actividad es una mujer detenida días atrás, quien contaba con antecedentes por estafas y era secundada por algunos de los detenidos y, en un tercer escalón de la pirámide actuaban algunos de los policías como captadores.

En este sentido, la fiscal explicó que el éxito de un esquema Ponzi radica en la captación de nuevos inversores, y en este caso, a través de distintas pruebas reunidas, es posible demostrar los plazos, montos y retornos prometidos por los miembros de la fuerza policial, así como la implicación de la comisaria de la División Cobranzas Adicionales.

De los policías implicados, cuatro no están detenidos, y de ellos, tres cumplían el rol de personal de seguridad de la financiera y un cuarto es quien habría advertido a la cabecilla de la organización sobre los allanamientos que se realizarían, permitiendo así que se diera a la fuga con una importante suma de dinero.

Salinas Odorisio advirtió que, ante los considerables retornos que prometía la financiera -que alcanzaban al 100 por ciento de la inversión-, y ante la sospecha de que existiría una inyección de dinero que podría provenir del narcotráfico o del lavado dinero, dio intervención a la Justicia Federal por la posible comisión del delito de evasión fiscal o lavado de activos.